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2015-03-25 Banner

 

México D.F. 25 de marzo de 2015

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) presentó en el Congreso de la Unión su informe Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal, el cual está dividido en tres tomos. La presentación tuvo como anfitriones a la diputada Elena Tapia Fonllem, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y al diputado Antonio Cuéllar Steffan, Secretario de la Comisión de Justicia.

 

Por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), su director, José Antonio Guevara, habló sobre los hallazgos de la investigación El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica donde se demuestra la incompatibilidad del arraigo con los derechos humanos, los estándares internacionales y el principio de presunción de inocencia, base del sistema penal acusatorio.

 

Guevara, precisó que aun si está regulada en la Constitución el arraigo es una medida arbitraria que incumple el principio de necesidad ya que el Estado no ha generado medidas alternativas para combatir a la delincuencia organizada, como la mejora de sus elementos de investigación.

 

Javier Carrasco, Director Ejecutivo del Instituto Procesal Penal (IJPP), expuso los principales hallazgos de la investigación Impacto de la reforma penal en las medidas cautelares en Chihuahua y Estado de Méxicoentre los que se encuentran que Chihuahua, que tiene una tasa de 205 personas en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes, ha logrado reducir el número de personas que se encuentran en esta situación entre 2010 y 2014. En el Estado de México, que tiene una tasa de 146 personas en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes, no hubo información estadística oficial que permitiera analizar el fenómeno más allá de la observación de audiencias que muestran que la prisión preventiva no es excepcional, por lo que Carrasco advirtió que persiste la opacidad en el manejo de la información sobre el sistema de justicia.

 

Guadalupe Álvarez Santiago, investigadora de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) analizó los resultados del Informe sobre ejecución penal en Oaxaca y Yucatán. Entre los hallazgos realizados señaló que los jueces de ejecución no están capacitados para su función y con frecuencia aceptan el cargo en tanto pueden convertirse en jueces de juicio oral. Además, aunque tienen la facultad de visitar centros de reclusión y realizar recomendaciones a las autoridades penitenciarias sobre las condiciones de vida de las personas que ahí permanecen, no han hecho una sola. Es el caso de Oaxaca, entidad que ha implementado ya el sistema de justicia penal acusatorio. Álvarez Santiago señaló que desde 1965 no se había hecho alguna modificación de impacto al sistema penitenciario mexicano y que tras la reforma constitucional a los artículos 1, 18 y 21 que hacen énfasis en el respeto a los derechos humanos y la reinserción social debe dársele la misma importancia a todas las etapas del sistema de justicia, pues la etapa de ejecución se encuentra hoy en el abandono.

 

Los informes fueron comentados por un panel de expertos entre los que se encontraban el consultor Juan Carlos Arjona, el especialista Carlos Ríos Espinosa e Ina Zoon, de Open Society Foundation.

 

Arjona advirtió que el arraigo tiene un nivel de efectividad bajo ya que apenas el 3 por ciento de las personas arraigadas son sentenciadas mientras que todas las personas sujetas a esta medida sufren afectaciones que no se traducen en un mejor desempeño de la Procuraduría General de la República.

 

“Estas medidas no ayudan a nadie, tampoco a las víctimas, como se nos ha dicho para justificar el uso del arraigo. Además se vulnera su derecho a la verdad, pues tampoco se consigue conocer al responsable real de la comisión de delitos”, criticó.

 

Por otra parte, Ríos Espinosa afirmó que la Ley de Ejecución de Sentencia es una de las grandes olvidadas por la reforma al sistema de justicia. El especialista condenó que los jueces de ejecución sólo consideren los estudios de personalidad del Consejo Técnico Interdisciplinario que para decidir si una persona recibe algún beneficio de libertad anticipada. Ríos Espinosa subrayó que la valoración tendría que hacerse sobre criterios empíricos y cognocibles, no sobre apreciaciones que rayan en lo subjetivo y hasta en lo “mágico”.

 

Finalmente Zoon observó que al hablar de medidas cautelares, y consecuentemente de la presunción de inocencia en el sistema de justicia penal, existe un deber de evaluar la reforma más allá del proceso de implementación en el que la academia y la sociedad civil han buscado medir los indicadores de calidad del sistema con mucho esfuerzo, información limitada y sin líneas base que vengan desde el sistema tradicional.

 

Una forma de defender la reforma penal es que se muestra con datos que Chihuahua se mueve hacia la presunción de inocencia al reducir su uso de la prisión preventiva, sin embargo también es importante considerar que la prisión preventiva sólo es excepcional en los delitos no graves, explicó Zoon.

 

Atentamente.

 

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.