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Ciudad de México, 15 de junio de 2016

El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) reglamentaria de los artículos 18 y 21 constitucionales. De acuerdo con el 5° transitorio del Decreto de Reforma a la Constitución de junio de 2008, esta legislación es necesaria para poner en funcionamiento el sistema de reinserción social y la judicialización del proceso de ejecución. Es fundamental reconocer que la Ley representa un gran avance en el respeto a los derechos humanos de las personas sentenciadas, en particular, el de la reinserción social. El avance es producto del trabajo que diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron incluso mucho antes de que se iniciara la discusión sobre la ley en las Cámaras.

Por otra parte, el hecho de que la LNEP haya sido aprobada cinco años después de lo previsto por el Decreto de Reforma a la Constitución de junio de 2008, implicó un atraso importante en el desarrollo de la etapa de ejecución penal.

Sin embargo, es justo reconocer que la Ley aprobada retoma aspectos esenciales para el respeto a los derechos de las personas sentenciadas como los siguientes:

-       Hay un cambio en la perspectiva con la que se da tratamiento a las personas sentenciadas, pues se les reconoce como sujetas de derecho y se elimina la noción del delito como una patología social. De la ley queda eliminado el “tratamiento técnico progresivo” que incluía estudios de personalidad a través de los cuales se castigaba a la persona por lo que era y no por el delito que había cometido.

-       En cuanto al aspecto de garantizar una estancia digna se establecen espacios específicos para cada sector de la población penitenciaria de acuerdo a su situación jurídica (sentenciados, procesados, tipo de delito, género).(Art. 5)

-       Se retoma la perspectiva de género, por ejemplo, en la obligación de brindar un espacio específico para las mujeres, también se establece la obligación de garantizar una estancia digna y un servicio médico especializado. Asimismo, se establecen criterios para salvaguardar el interés superior del menor en los casos de niños y niñas menores de tres años que permanezcan bajo la custodia de las madres sentenciadas. Sin embargo, no se menciona qué ocurre en los casos de mujeres que cuenten con hijos e hijas mayores de tres años. (art. 10)

-       Un elemento que contribuye al ejercicio del derecho a la transparencia y al acceso a la información es la creación del Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  a partir del cual se podrá tener acceso a información sistematizada sobre características de la población privada de libertad, sobre el uso de los recursos asignados al sistema penitenciario.

-       Otro aspecto positivo es el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos legitimados para formular peticiones administrativas sobre hechos, actos y omisiones en las condiciones de internamiento.

Las disposiciones de esta ley implicarán un reto para los Centros de Reinserción Social de cada uno de los estados pues actualmente, existe una gran disparidad en cuanto a las condiciones de infraestructura, de personal capacitado y de prácticas respetuosas de los derechos de las personas sentenciadas de todo el país.

Para quienes conformamos el  Observatorio Ciudadano de Justicia, la aprobación de ésta ley significa un gran paso, sin embargo quedan algunos aspectos por precisar, por ejemplo, la determinación del proceso de justicia restaurativa y el desarrollo de una política pública que acompañe la implementación de ésta ley con la finalidad de que se cumplan los objetivos de su creación que son fundamentalmente el derecho a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictiva.

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCS Justicia)

Integrado por:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Contacto:

Adriana Aguilar

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Tels: 5687 8759 | 5639 6755 | 5523 2690 | 5536 4642