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  • El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia presenta el Informe: Ejecución Penal en el Estado de México.
  • Los jueces de ejecución no cuentan con capacitación especializada y cada uno de ellos debe de conocer de entre 713 a 4, 572 casos.
  • Entre los derechos que más se violan están: el de defensa adecuada, publicidad y, entre los más graves, el de reinserción social y acceso a la justicia.

 Oficialmente, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México comenzó el 9 de febrero de 2009 y concluyó el 11 de octubre de 2011, sin embargo, hasta 2016, el estado carece de condiciones mínimas para hacer posible su aplicación. Pese a que la reforma constitucional de 2008 establecía ya la necesidad de poner en funcionamiento el sistema de reinserción social y la judicialización del proceso de ejecución, en el Estado de México, a la fecha, no se ha desarrollado algún plan para el debido desarrollo de una de las etapas más importantes del procedimiento: la ejecución penal.

Con el objetivo de determinar el grado de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en la etapa de ejecución de sentencias, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia  desarrolló el Informe “Ejecución Penal en el Estado de México”. Para su elaboración se realizaron solicitudes de acceso a la información y observaciones de audiencias en los Juzgados de Ejecución de los Distritos Judiciales de Tlalnepantla y Cuahutitlán.

El Informe da cuenta del especial retraso que presenta la etapa de ejecución de sentencias y entre sus principales hallazgos podemos mencionar:

-   La habilitación, de 2009 a 2014, de 14 Juzgados de Ejecución de Sentencias en los que laboran 11 jueces de ejecución.

-   Los 11 jueces de ejecución, que de acuerdo con la reforma constitucional de 2008 y con la Ley Nacional de Ejecución constituyen uno de los cambios más importantes para la mitigación de las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, se enfrentan a grandes retos para el desarrollo de sus funciones. Los jueces deben conocer sobre los casos de 12,134 personas que se encuentran en esta etapa del proceso penal acusatorio, es decir, cada Juez de Ejecución tiene a su cargo entre 713 a 4, 572 casos.

-   Además del exceso de trabajo, los jueces de ejecución no cuentan con la capacitación necesaria para desarrollar su labor. De 2011 a 2016, el Poder Judicial del Estado de México ofertó 8 cursos de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Sin embargo, sólo 2 cursos incluyeron temas de Ejecución Penal.

-   Respecto al desarrollo de las audiencias de ejecución, en ninguna de las observadas se resolvió sobre aspectos trascendentales para las personas privadas de libertad como pueden ser su libertad anticipada o violaciones a sus derechos humanos.  Además, en las audiencias celebradas en Tlalnepantla observamos una transgresión al principio de publicidad y al derecho a una defensa adecuada pues no se dieron las condiciones para que el defensor pudiera establecer comunicación con su defendido. Por otra parte, constatamos que durante esta etapa los defensores de oficio son nombrados al momento de la audiencia por lo que no cuentan con un conocimiento previo del caso lo que impide el ejercicio del derecho a una defensa adecuada.

-   Otro aspecto fundamental es la inexistencia de un plan para el cumplimiento de la reinserción social. En el estado se continúa  aplicando el tratamiento técnico progresivo que se encuentra acorde con un régimen de readaptación social que es violatorio de los derechos humanos de la persona sentenciada.

En general, el Estado de México carece de una planeación en la que se contemplen los cambios necesarios para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La falta de planeación que implica la no modificación de las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad con el objetivo de que logren reinsertarse socialmente constituye una violación grave al derecho de acceso a la justicia.

Esperamos que este Informe contribuya a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad así como a su efectiva reinserción social.

Atentamente

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia

Consulta el Informe "Ejecución Penal en el Estado de México":

Portada ejecución EdoMex 2016