Подробнее на сайте: https://luckmedicine.ruhttps://honeymedicine.ru
https://firehealth.ruhttps://qualitymedicine.ru https://youmedicine.ruhttps://fullmedicine.ruhttps://plusmedicine.ruhttps://boomhealth.ru
https://elmedicino.ru
https://medicinearea.ru
https://caremedicine.ru https://forcehealth.ru https://primemedicine.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://enjoyhealth.ru
facebooktwitter

ObservatorioSJP logo webtransparente

 

Mexicali, Baja California, 18 de septiembre de 2017.

 

El Observatorio Ciudadano de Justicia presentó el día de hoy en la Ciudad de Mexicali el Informe: ¿Ejecución o ejecución penal en el estado de Baja California? a partir del cual se hace una evaluación de la implementación de la etapa de ejecución penal en la entidad.

Desde el 2008, la etapa de ejecución penal fue judicializada, lo que significó que la imposición, modificación y duración de las penas, que eran atribuciones del Poder Ejecutivo, pasaran a manos del Poder Judicial. Con este cambio, se busca garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tanto de las que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, en proceso, sin que exista una sentencia; como de aquellas que ya están cumpliendo una pena.

En anteriores investigaciones realizadas en los estados de Yucatán, Estado de México y Oaxaca, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) ha identificado que existe una carencia de infraestructura para desarrollar las audiencias de ejecución, hay pocos operadores y operadoras designadas a esta etapa y los que están no cuentan con la capacitación suficiente para implementarla. Además, los Jueces y Juezas de Ejecución no realizan visitas a los Centros de Reinserción Social para verificar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En Baja California, si bien reconocemos los esfuerzos para la correcta implementación del sistema de justicia, detectamos las siguientes cuyo cumplimiento significará dar un paso más en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad:

1.            Falta de infraestructura adecuada. En el estado no existen salas específicas para desahogar audiencias en materia de ejecución penal. Las audiencias de ejecución penal deben programarse en virtud de la disponibilidad de las salas, es por ello que la frecuencia de las audiencias en la etapa de ejecución es reducida lo que podría generar a mediano plazo, un rezago significativo.

2.            Insuficiencia en el número de Jueces de Ejecución Penal. A partir de febrero de 2017 el Poder Judicial del estado de Baja California sumó esfuerzos para designar a cuatro jueces de ejecución, lo que desde el OCSJ y por supuesto ASILEGAL, reconocemos, pero también queremos señalar que aún es insuficiente. Estos jueces deben atender, de acuerdo a datos de junio del 2017 de la Comisión Nacional de Seguridad, a 12,035 personas privadas de libertad por cuanto a las condiciones de internamiento, de ellas, 8,460, es decir, el 70.2%, tienen una sentencia, por lo que además de las condiciones de internamiento, el juez de ejecución debe velar por la imposición, modificación y duración la sentencia.

3.            Insuficiencia en el número de defensores en la etapa de ejecución penal. Existen solamente cuatro defensores asignados a esta etapa.

4.            Falta de capacitación. Las y los operadores para la ejecución penal, no han contado con capacitación especializada en materia de Ejecución Penal.

5.            Visitas a los Centros de Reinserción Social. Hasta el cierre del Informe no se tenía registro de que todos los jueces de ejecución hubieran visitado los Centros de Reinserción Social para constatar las condiciones de internamiento, así como para identificar los posibles casos susceptibles de una pre-liberación.

6.            Desarrollo de las audiencias: las audiencias cumplen con las características de oralidad y adversarialidad del Sistema de Justicia, pero no así con todos los principios rectores del sistema, especialmente con el de publicidad, que, debido en algunos casos a lo pequeño de las salas asignadas a los jueces de ejecución, este principio no se puede ver materializado.

7.            Otro de los retos que identificamos para que el estado de Baja California pueda desempeñar su labor y cumplir con una adecuada implementación de la ejecución penal, es la falta de un marco normativo armonizado con la reforma al sistema de justicia penal, pues la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el estado de Baja California, del 2010, no considera los cambios fundamentales para materializar el régimen de reinserción social y la judicialización de la ejecución penal de acuerdo con el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial.

En general, en la entidad aún existen retos para el cumplimiento del objetivo de la reforma constitucional de 2008 en materia de ejecución penal que, estamos seguros, con la voluntad política que ha demostrado el estado, al promover el Mecanismo de Corresponsabilidad con la Reinserción Social, establecido en el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como con la aplicación de esta última, la consolidación de esta etapa será una realidad.

                Esperamos que la presentación del Informe ¿Ejecución o ejecución penal en el estado de Baja California?, sea la línea de salida para continuar con el trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia es una organización no gubernamental integrada por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).

ATENTAMENTE

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia

CONTACTO

Antioko Pérez de la Madrid

Coordinador de Incidencia de ASILEGAL

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Cel. 044 55 4599 7414

Portada Ejecución

 

INFOGRAFÍAS

 

Hallazgos Informe Ejecución Baja California cambios          Retos para la implementación de la LNEP Nal