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México se encuentra inmerso en un periodo de consolidación de la reforma al proceso penal implementada en 2008 a nivel nacional. El objeto de la reforma fue desarticular el viejo sistema inquisitivo (Duce, 2005), en correspondencia con la dinámica regional que tuvo lugar a partir de la década de 1980, en la cual, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a financiar proyectos de transformación de los sistemas penales regionales como parte de la política llamada “promoción de la democracia” (Carothers, 2009). De acuerdo con esa política, el sistema de justicia penal era un factor esencial para la democratización de los países en transición, en tanto contribuía a enfrentar la violencia, así como los efectos de ésta en las instituciones políticas y legales (Álvares, 1991).

Este informe se ocupará, en primer lugar, de hace un breve recuento de la literatura relacionada con la evaluación de la efectividad de la defensa en relación con la prisión preventiva; enseguida explicará la metodología aplicada y las técnicas estadísticas utilizadas; posteriormente se presentarán las conclusiones de acuerdo con los resultados; y, finalmente, señalaremos algunas preguntas para los y las profesionales del sistema de justicia penal, con el ánimo de generar un espacio de retroalimentación.

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