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México DF, 18 de junio de 2016

Hace 8 años, el 18 de junio de 2008, el Congreso de la Unión adoptó la reforma constitucional al sistema de justicia penal acusatorio y oral, al sistema de seguridad y al sistema penitenciario con el objetivo de transitar de un sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio cuyas característica son la oralidad y la adversariedad del sistema regido bajo los principios de  contradicción, publicidad,inmediación, concentración y continuidad y cuyo objetivo es el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados se reparen.

A largo plazo la intención de la reforma era revertir los problemas estructurales que aquejan al sistema: garantizar el acceso a la justicia y revertir la desigualdad para los grupos en situación de exclusión y discriminación histórica; y guiar la procuración e impartición de justicia conforme a los principios de los derechos humanos, tales como el debido proceso y los derechos de las víctimas. Se trató de una reforma muy ambiciosa que sentó las bases para la transición hacia un modelo de justicia penal con contrapesos al poder de las Procuradurías, encargadas del establecimiento de los hechos, y restaurara el equilibrio no sólo entre personas imputadas y víctimas, sino también entre agentes del ministerio público, defensores y juzgadores mediante transformaciones organizacionales, procedimentales y formales que, juntas, significan un cambio profundo del paradigma de la justicia.

Para hacer de la reforma una realidad tangible para la ciudadanía, se requería de la voluntad y el compromiso de actores en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial en tanto que implicaba la construcción de un andamiaje institucional y normativo totalmente diferente para operar este nuevo sistema; la formación y capacitación de sus nuevos operadores; la dotación de una infraestructura adecuada, incluyendo equipos y tecnología. Para ello, se estableció un plazo de 8 años y se destinaron cuantiosos recursos provenientes de subsidios y fideicomisos -además de las propias asignaciones estatales al sector justicia- que actualmente ascienden a los 21 mil millones de pesos.

La reforma  incluyó modificaciones sustanciales para la conducción de las investigaciones y  la actuación de las policías, pasando de la centralidad de la declaración del imputado a la construcción de la prueba científica y a la importancia del testimonio que se da frente al juez; transformaciones de la prisión preventiva que deja de ser la regla para dar lugar a un catálogo de medidas cautelares, del sistema penitenciario, de la justicia para adolescentes, y la centralidad de la publicidad e igualdad de armas en los procesos de acusación, defensa y juicio, para citar los capítulos más importantes de este nuevo sistema al que se aspiraba llegar.

La realidad es que al momento de concluir el plazo de ocho años para la implementación, la transformación es insuficiente e incompleta. Las experiencias de las entidades más avanzadas en la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial  demuestran la existencia de pendientes importantes para lograr una justicia eficiente en función de las personas y de los tipos de delitos. Prácticas violatorias de los derechos humanos como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes subsisten en el nuevo sistema de justicia penal, cuestionando gravemente la posibilidad de transformación de las instituciones del sistema de justicia y la posibilidad de lograr la vigencia de los derechos de las partes a un juicio. De la misma forma, con el afán de conseguir buenos indicadores de gestión, los operadores del sistema están generando nuevas prácticas que privilegian criterios formalistas por encima de estándares de protección de los derechos en la determinación de la posibilidad de usar mecanismos alternativos de solución del conflicto o el procedimiento abreviado.

Un sistema basado en detenciones en flagrancia no puede considerarse el reflejo del éxito de la reforma cuyo origen es precisamente la preocupación por la incapacidad de investigar por parte del Estado. La falta de acceso a la justicia de víctimas, de sus familias y de las personas imputadas subsistirá en la medida en que estas prácticas prevalezcan en el sistema.

Vacíos legales y la persistencia de normas violatorias de los derechos humanos como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la jurisdicción militar son temas sobre los cuales la ciudadanía debe estar pendiente para no anular la aspiración originaria del nuevo sistema de justicia de garantizar los derechos humanos de todas las partes involucradas en el proceso.

Para que la reforma del sistema de justicia penal se traduzca en una transformación significativa en el acceso a la justicia de la ciudadanía, en particular de las personas y grupos en situación de exclusión y discriminación histórica, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes insistimos en que el Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno debe seguir con el compromiso de consolidar la implementación del nuevo sistema de justicia penal bajo los principios que lo rigen y el respeto por los derechos humanos, y dedicarle todos los medios a su alcance para conseguir esta meta en un plazo razonable. En el contexto de crisis generalizada de los derechos  humanos en el país, estaremos vigilando que no se privilegien intereses de corto plazo y de tipo formalistas sobre la protección eficaz de los derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia y la erradicación de la impunidad.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal-Presunción de Inocencia

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia

 

  • El Congreso de la Unión aprobó el dictamen por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código De Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.
  • Las disposiciones aprobadas son violatorias de los derechos humanos y además, no cumplen con los estándares de una correcta administración de justicia.
  • El CJM y el CMPP plantean problemas de compatibilidad con el marco jurídico establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por tribunales militares.

Ciudad de México a 2 de mayo de 2015.- El pasado viernes 29 de abril, el Pleno del Senado aprobó el Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar (CJM) y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP); el Dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, fue analizado en el Senado por las comisiones unidas de justicia, defensa nacional, marina y de estudios legislativos.

 

La reforma y la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, tienen como fin “la armonización del marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense derivada de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.” Las organizaciones firmantes, consideramos que ese fin es legítimo y necesario para dar seguridad jurídica y dotar de las garantías necesarias a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas. No obstante, es preocupante que para la elaboración de este dictamen, posterior análisis y aprobación en el Senado de la República no se convocó a organizaciones de derechos humanos ni a expertos de la sociedad civil en el tema de justicia militar, a fin de que dichas reformas cumplieran con estándares adecuados en materia no sólo de derechos humanos, sino de una correcta administración de justicia.

 

Las organizaciones que firmamos estamos convencidas de que únicamente los delitos que tengan que ver de manera estricta con la función militar tendrían que ser competencia de las autoridades castrenses, es decir, delitos que están previstos en las leyes civiles siempre deberían juzgarse por la autoridad civil, aún y cuando el sujeto activo o pasivo del delito sea una persona perteneciente a las Fuerzas Armadas. La reforma que se aprobó y el CMPP no sólo no limita el fuero militar de una manera adecuada y de conformidad con una correcta administración de justicia; sino que, valida acciones en donde los militares pudieran extender la jurisdicción castrense sobre los civiles.

 

Además de lo anterior, tal y como está planteado el CJM y el CMPP, las organizaciones que suscribimos observamos con preocupación los siguientes puntos:

 

Ampliación de la prisión preventiva oficiosa, el CJM y el CMPP valida la prisión preventiva oficiosa que si bien se prevé en la Constitución, esta es inconvencional y violatoria de derechos humanos. Además de ello, la prisión preventiva oficiosa se establece bajo supuestos no contemplados en la Constitución.

 

Intervención de comunicaciones privadas, el CJM y el CMPP no preveen salvaguardas para evitar abusos en contra de civiles, ni se establecen prohibiciones para que se lleven a cabo investigaciones paralelas que involucren a civiles en intervenciones de comunicaciones privadas, relacionadas con la investigación de delitos cometidos por militares. Esto significaría extender el fuero castrense al civil. Igual argumento aplica para la requisición a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan.

 

Revisiones corporales, consideramos grave que el CMPP no prevé una disposición explícita para las mujeres víctimas de violencia tal y como lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que denota una reducción de derechos para este grupo de población en el ámbito militar.

 

Cateos, si bien, ambos Códigos son explícitos en mencionar que el sujeto cuya conducta se investiga forzosamente debe ser un militar, se prevé la realización de cateos, por personal militar, bajo solicitud de la fiscalía militar y con autorización de un juez militar en lugares propiedad de particulares, residencias u oficinas públicas (incluidas, por ejemplo organismos públicos autónomos), buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano. Esos actos de molestia en contra de la población civil no deben de ninguna manera estar bajo control de las autoridades militares, ya que ello significaría la ampliación de la esfera de actuación restringida del fuero castrense.

 

- Levantamiento e identificación de cadáveres, la facultad del fuero castrense vulnera la imparcialidad, así como la probable intrusión en el fuero civil cuando no hay certeza de la identidad de la víctima. Las autoridades militares nunca deben levantar ni identificar cadáveres, ya que eso puede comprometer investigaciones que las autoridades civiles lleven a cabo.

 

Cabe mencionar que el 13 de junio de 2014, bajo el argumento de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión reformó el CJM en varias de sus partes. Sin embargo, no sólo no se alcanzó ese objetivo, sino que se eludió el cumplimiento de otras obligaciones preexistentes en materia de derechos humanos, como por ejemplo, dotar de imparcialidad e independencia a la llamada justicia militar. Además, en lugar de reducir al máximo el fuero militar en tiempos de paz, se fortaleció la institucionalidad de los órganos de procuración de justicia, al haberse creado la Policía Ministerial Militar, institución de investigación que actuará bajo las atribuciones de la Procuraduría de Justicia Militar. Con la reforma actual, consideramos que se sigue extendiendo el fuero militar para situaciones que no son de naturaleza castrense.

 

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, de no vetarse las reformas por el Ejecutivo Federal, interponga las acciones legales correspondientes a fin de promover el respeto a los derechos humanos y proteger a las y los habitantes del Estado mexicano de intromisiones arbitrarias en sus derechos. Instamos además al Congreso de la Unión a que se valore una futura reforma a la jurisdicción militar que incluya el respeto pleno a los derechos humanos, y elimine figuras que no corresponden con los estándares de la correcta administración de justicia, en particular, se deberá restringir expresamente el ámbito de esta jurisdicción a los delitos que vulneren bienes jurídicos típicamente militares y garantizar que los tribunales militares sean una jurisdicción especializada sin injerencia del poder Ejecutivo y subordinada a la primacía de la competencia general de la jurisdicción ordinaria.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Código DH.  Comité de defensa integral de derechos humanos Gobixha A C

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

Diálogo y Movimiento AC, Campeche.

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)

Mayas sin Fronteras, A.C., de Quintana Roo

Ni una Más, AC, Yucatán.

Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche (de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche)

Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ)

Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Red de Feministas Peninsulares

Reflexión y Acción Feminista, Yucatán.

Dra. Carolina Robledo Silvestre (Catedrática del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS)

Eliana García (defensora de derechos humanos)

Dr. Miguel Concha Malo (defensor de derechos humanos)

Mtro. Carlos Ríos Espinoza (defensor de derechos humanos)

Mtro. Silvano Cantú (defensor de derechos humanos)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

 

Para más información:

Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH

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Tel. 55642582 ext.

 ¡Cursos para periodistas y operadores en tres entidades!

 

Asilegal, miembro del Observatorio Ciudadano, presenta su programa de capacitación Otoño 2014 para periodistas, activistas sociales, abogados y operadores judiciales en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, sobre periodismo judicial con enfoque de derechos, técnicas de investigación y litigio, y desempeño en audiencias orales.

Inicia con el Taller para Periodistas sobre el Sistema Penal Acusatorio, impartido por Marco Lara Klahr en Juchitán, los días 18 y 19 de noviembre, a periodistas locales, quienes adquirirán “herramientas prácticas y realistas para que informen verazmente a su comunidad acerca del funcionamiento del sistema de justicia penal, con eficacia y legalidad”, para evitar los “juicios mediáticos” y aprovechar las posibilidades de acceso a la información del sistema acusatorio.

 

Miembros del Observatorio Ciudadano presentarán avances reales en la implementación de sistema acusatorio en México, con énfasis en arraigo, abuso de prisión preventiva y ejecución penal, durante el Conversatorio “Los derechos humanos en el sistema penal mexicano”, en la sede de WOLA en Washington, DC [octubre 29, 2014].

“Arraigo: detención arbitraria prevista en la Constitución mexicana”, “Uso de la ‘prisión preventiva’ en el sistema penal acusatorio” y “Reforma penitenciaria: realidad y retos”, son los temas que desarrollarán José Antonio Guevara [Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC], Ana Aguilar [Instituto de Justicia Procesal Penal, AC] y José Luis Gutiérrez [Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC], de las tres organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano.

Lo anterior con base en los resultados preliminares de su Primer Informe, enfocado en medir el grado de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México, incluidas encuestas a actores institucionales, visitas a prisiones y un vasto soporte documental.

La cita es el 29 de octubre [2014], a las 09:30 horas, en la Washington Office on Latin America, WOLA [1666 Connecticut Ave NW, suite 400, Washington, DC, 20009].