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La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008 es una de las transformaciones estructurales del Estado más relevantes del México actual relacionadas con los derechos humanos.

 

Es resultado de una serie de demandas ciudadanas que pugnan por un sistema penal más eficaz, efectivo y, sobre todo, que no viole sistemáticamente los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito; es decir, su principal motivación es crear un sistema de justicia penal democrático.

 

Según los cambios constitucionales aprobados, la implementación de dicha reforma será gradual, de modo que el nuevo sistema, de tipo acusatorio, entrará en vigor una vez que cada legislatura local realice las adecuaciones normativas correspondientes, sin exceder un plazo de ocho años.

 

La reforma estableció también una nueva concepción del sistema penitenciario, con una perspectiva de derechos humanos que impuso a los estados la responsabilidad de emitir leyes en materia de ejecución penal a más tardar en junio de 2011.


Posteriormente, en ese último año tuvo lugar la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, que reconoció un catálogo ampliado de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México.

 

Como parte del mismo proceso democratizador, en 2013 se aprobó la reforma constitucional que dio al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia penal, en virtud de lo cual emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales y próximamente hará lo propio en cuanto a ejecución penal; ambas normas serán vigentes en los ámbitos estatal y federal.

 

Esta serie de cambios ha traído consigo avances y retrocesos: las reformas han incorporado los mayores estándares de derechos humanos, pero también establecido importantes restricciones a ellos, como el arraigo constitucional para delitos relacionados con delincuencia organizada; el arraigo por delitos graves —ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— y la "prisión preventiva" oficiosa, lo cual viola el principio de presunción de inocencia y los principios que deben regir la imposición de medidas cautelares.

 

El establecimiento del paradigma acusatorio de justicia penal en México exige una fiscalización constructiva que contribuya a definir no solo los desafíos y problemáticas, sino propuestas de solución en conjunto con los actores relevantes.

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

La reforma constitucional de 2008 previó un órgano conformado por los representantes de las instituciones que componen el sistema de justicia y seguridad, denominado Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que incluye una Secretaría Técnica (SETEC) responsable de coordinar el proceso de implementación en el país.


Entre otras, la SETEC tiene las siguientes facultades:

 

Auxiliar en la elaboración de políticas, programas y mecanismos necesarios para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Coadyuvar con las autoridades locales y federales en el diseño de reformas legales necesarias, la ejecución de cambios organizacionales y la construcción y operación de infraestructura.

 

Elaborar y ejecutar los programas de capacitación sobre el sistema de justicia penal dirigidos a jueces, agentes del ministerio público, defensores, policías, peritos, abogados, así como la sociedad en general.

 

Difundir el nuevo sistema de justicia penal y las actividades del Consejo.

 

Suscribir convenios y acuerdos de colaboración y coordinación interinstitucional.

 

Realizar estudios especializados sobre temas relevantes.

 



De acuerdo con la misma reforma, el sistema acusatorio deberá ser implementado en ocho años; a dos años de concluir este plazo, solo 14 estados han comenzado a aplicarlo, (Oaxaca, Zacatecas, Durango, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Quintana Roo)  y unicamente en 4 estados (Chihuahua,Morelos, Yucatán y Estado de México) el sistema opera en la totalidad de su territorio y para todos los delitos.


Por su parte, los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur, Tlaxcala, Colima, Guerrero, Hidalgo y Nayarit se comprometieron públicamente a iniciar la operación del sistema acusatorio durante 2014, mientras que el Distrito Federal, Michoacán y Campeche lo harán en 2015, y Sonora en 2016.


El Observatorio considera la complejidad que estos cambios traen consigo, asumiendo que su implementación va mucho más allá de la creación de leyes, por lo cual es necesario que los cambios institucionales y organizacionales previstos se realicen con una perspectiva de respeto, garantía y protección a los derechos humanos de las personas implicadas en el conflicto penal.